Asistencia y acompañamiento en la denuncia de vecinos organizados por la flagrante y permanente violación de derechos humanos por parte de la policía del estado Zulia y municipio Maracaibo, en los sectores que realizan algún tipo de acción de protesta por suministro de servicios públicos eficientes.

Derecho vulnerado: Derecho a la protesta pacífica por parte de ciudadanos organizados y Derecho a la seguridad personal, se aplicó violencia psicológica grupos de ciudadanos, Amenazas y estigmatización

Organismo involucrado en la vulneración del derecho: Funcionarios adscritos a cuerpos especiales de las Policías Regional del Estado Zulia y Municipal de Maracaibo / GNB

Fecha del evento: Semana del 21 al 25 de Septiembre de 2020

Lugar: Sector La Trinidad Parroquia Juana de Ávila. Estado Zulia

Persona(s) afectada(s): Vecinos organizados de la Urb. La Trinidad Sectores 1 y 2

Reseña del caso: Como consecuencia de los continuos cortes de fluido eléctrico que implementó el ejecutivo regional al frente de la política de racionamiento eléctrico, los vecinos de la Urb. La Trinidad y sectores circunvecinos se organizaron para realizar una protesta pacífica mediante la utilización del cacerolazo por el lapso de una hora, en reclamo a la forma como se lleva a cabo el plan de racionamiento, previamente a la realización de los cacerolazos los miembros de las juntas de condominio, y de vecinos en representación de la comunidad remitieron una comunicación solicitándole al organismo rector del suministro de electricidad cambiar o rotar las horas de suspensión del servicio pues la Juana de Ávila ya contaba con una semana con horario de 9:00pm a 3:00am. Desde el día 21 se comenzó a realizar el cacerolazo a partir del inicio del corte eléctrico, desde las respectivas casas y en el área adyacente a la avenida principal de la Urb. Donde se congregaban los vecinos, al iniciar el día 22 el cacerolazo, a las 9:00pm se evidenció la presencia de los llamados colectivos quienes en forma amenazante tomaban fotografías de las personas que se encontraban en el sitio de la reunión. El día 23 y 24 varios miembros de la comunidad recibieron amenazas telefónicas y los representantes de los vecinos recibieron la visita de la policía municipal como advertencia de que se tenía fotografía de todos los miembros y cada persona que estaba participando en la protesta, y que si se continuaba con dicha actividad serían visitados por orden del gobernador y serían imputados por delitos consagrados en las ordenanzas municipales sobre utilización de espacios públicos y normas de convivencia; y también podrían ser tocados por los guardianes de la seguridad y la paz (colectivos) quienes ingresan a las viviendas buscan a las personas que les encargan, golpean, violan, atemorizan y roban los sitios que les son encomendados, lo cual genera mucha inseguridad por la impunidad existente sobre sus actuaciones.

Seguimiento del caso: La violación de derechos por parte de la policía del estado y municipio es flagrante y permanente en los sectores que realizan algún tipo de acción de protesta,

Estatus: Ante las amenazas recibidas, los miembros de las juntas de condominio y vecinales, optaron por suspender las acciones de protestas y tratar de canalizar otras formas para logar ser atendidos en el suministro de servicios públicos eficientes.

Otras fuentes de consulta: La denuncia fue canalizada a través de una Defensora de Derechos Humanos adscrita al programa de fortalecimiento, ningún medio de la región realizó la reseña de tales violaciones de derechos.