En Venezuela, a pesar de que en las entidades fronterizas se amplió la capacidad de recepción de los retornados en los PASI, las condiciones no son óptimas para la permanencia obligatoria decretada por las autoridades nacionales de 14 días. En la medida en que el mes avanzó y se elevaron los casos de COVID 19 en la población de retornados, se elevaron también las discriminaciones, ofensas y amenazas de autoridades en contra de estos grupos ya por sí vulnerables.